Chile acaba de renovar una apuesta ambiciosa: posicionarse como un destino receptivo de primer orden y acercarse a 8 millones de visitantes extranjeros para 2030. Esa meta, repetida en análisis sectoriales y declaraciones públicas de autoridades y gremios, está pensada sobre la base de consolidar la recuperación post-pandemia y convertir al turismo en un motor de empleo y divisas para el país.
Sin embargo, esa proyección estratégica choca frontalmente con una decisión presupuestaria reciente: el Proyecto de Presupuesto 2026 incluye una reducción de en torno al 28–29% en la partida destinada a la promoción turística internacional (Programa de Atracción Turística). Gremios como Fedetur y asociaciones hoteleras han advertido que este recorte —evaluado por DIPRES como resultado de una calificación de “bajo desempeño”— compromete la capacidad de Chile para competir en mercados clave y amenaza la continuidad de campañas y presencia en ferias y oficinas en el exterior.
El choque entre la ambición cuantitativa (8M) y la disminución del principal instrumento de proyección externa (promoción internacional) tiene consecuencias concretas y mensurables:
- Pérdida de mercado y divisas. Fedetur estima que la caída en promoción puede traducirse en pérdida de llegada de turistas y en una fuerte reducción de ingresos por divisas, afectando la balanza de servicios y el empleo en regiones altamente dependientes del turismo.
- Erosión de posicionamiento y relevancia internacional. La promoción sostenida en ferias, roadshows y oficinas en el extranjero crea momentum y acuerdos con operadores internacionales; su interrupción provoca una pérdida de “share of voice” que luego es caro recuperar.
- Riesgo para la temporada y pymes locales. En un ecosistema compuesto en más de 80% por pymes, la reducción coordinada del flujo de turistas afecta encadenamientos productivos (transporte, alojamiento, guías, gastronomía), aumentando la vulnerabilidad de empleos directos e indirectos.
Las razones técnicas que invoca el Ejecutivo —según el Ministerio de Economía— son evaluaciones de desempeño del programa que justifican la reasignación de recursos hacia programas sociales y otras prioridades internas; sin embargo, esta lectura técnica omite el efecto estratégico de la promoción: no es gasto cosmético sino inversión en demanda futura. Cortar la promoción hoy equivale a sacrificar la captación de turistas que se traduzcan en ingresos y empleo en 2026–2028, justo el periodo en que se esperaba capitalizar la recuperación.
Además, el diagnóstico del sector es claro: las cifras de recuperación y crecimiento reciente muestran que el mercado existe y la oportunidad es real. Según SERNATUR, las llegadas en los últimos semestres han mostrado repuntes significativos, lo que sustenta la plausibilidad del objetivo 2030 si se mantiene la inversión en promoción y calidad de oferta. Reducir recursos en este punto es jugar a la defensiva cuando la estrategia requiere ofensiva.
¿Qué implica esto para la gobernanza y para las empresas turísticas?
- Contradicción política-operativa: anunciar metas 2030 sin blindar las partidas estratégicas para alcanzarlas es un ejercicio retórico que puede derivar en resultados subóptimos y en pérdida de credibilidad internacional.
- Necesidad de derecho-a-fiscalizar resultados: si DIPRES aplicó criterios de evaluación técnica (EPG) para recortar, el Ministerio y SERNATUR deben publicar indicadores de desempeño, metas correctivas y un plan de mejora antes de ejecutar reducciones que afectan la proyección de país.
- Urgencia para el sector privado: la industria debe articular una respuesta técnica y propositiva —no solo de protesta— con propuestas de cofinanciamiento, métricas de desempeño revisadas y concentraciones de gasto en mercados con mayor ROI. Fedetur y gremios ya están impulsando gestiones en el Congreso para revertir o mitigar el recorte.