Por César Gonzalez Victoriano – CEO en Táctica Chile
El turismo ha sido uno de los sectores más relevantes para el desarrollo económico de Chile, tanto por su aporte al empleo como por su rol en la dinamización de economías regionales. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Turismo, SERNATUR y el Banco Central de Chile, el sector representa alrededor del 3,3% del PIB y cerca del 7% del empleo nacional, con más de 590.000 personas vinculadas a actividades características del turismo. A ello se suma la recuperación del turismo receptivo, que en 2024 superó los 5 millones de visitantes internacionales, consolidando nuevamente al turismo como un eje estratégico para la economía.
Sin embargo, este crecimiento ocurre en un contexto marcado por presiones inflacionarias, tensiones territoriales y un cambio estructural en el modelo turístico. Hoy, el turismo enfrenta un desafío que va más allá de la promoción o el volumen de visitantes: la inflación social en los territorios turísticos y el agotamiento del modelo low cost como estrategia dominante.
La inflación social, entendida como el aumento del costo de vida que afecta a las comunidades locales, se ha vuelto cada vez más visible en destinos turísticos. Aunque el IPC nacional ha mostrado una moderación reciente, según el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central, en muchos territorios turísticos los precios de alimentos, servicios, vivienda y arriendos han aumentado por sobre el promedio nacional. Informes sectoriales de Fedetur y análisis del Ministerio de Economía muestran que este fenómeno impacta tanto a residentes como a las propias empresas del sector, que enfrentan mayores costos laborales, energéticos y operativos.
Desde la perspectiva económica del turismo, la evidencia es clara: cuando un destino se encarece sin ofrecer mayor valor, pierde competitividad. Estudios del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señalan que la inflación sostenida reduce la llegada de turistas y afecta especialmente a los destinos posicionados históricamente por precio. En este contexto, la estrategia de competir exclusivamente por costos bajos se vuelve cada vez menos viable.
El modelo low cost, que durante décadas permitió expandir el acceso al viaje, muestra hoy sus límites estructurales. Este modelo no eliminó costos; los trasladó. Los trasladó a los trabajadores, mediante empleos estacionales y de baja remuneración; a los territorios, mediante presión sobre infraestructura, servicios públicos y vivienda; y al Estado y municipios, que asumieron crecientes costos de promoción, mantención urbana y gestión de impactos. Informes de la OCDE y del Banco Mundial advierten que el turismo de alto volumen y bajo gasto genera crecimiento frágil, baja productividad y alta vulnerabilidad social.
A ello se suma el cambio del escenario macroeconómico. La inflación acumulada, la volatilidad del tipo de cambio y el aumento de costos energéticos han terminado por romper el equilibrio artificial que sostenía precios bajos. Incluso los segmentos tradicionalmente económicos han debido ajustar tarifas para mantener viabilidad operativa, como lo reflejan reportes del Banco Central y de Fedetur. En términos simples, la era del low cost como estrategia central ha llegado a su fin. No por razones ideológicas, sino porque dejó de ser económicamente, socialmente y territorialmente sostenible.
Este agotamiento se expresa también en la creciente saturación de destinos turísticos. Experiencias internacionales documentadas por la OCDE y la OMT, así como casos nacionales analizados por universidades chilenas y gobiernos locales, muestran que el turismo masivo genera conflictos por uso del espacio público, presión sobre servicios básicos y rechazo ciudadano al turismo. La inflación social inducida por el turismo debilita la legitimidad del sector y pone en riesgo su sostenibilidad de largo plazo.
Chile no carece de diagnósticos ni de estrategias. Existen políticas públicas, planes regionales y programas orientados al turismo sostenible, al valor agregado y a la diversificación de experiencias, impulsados por la Subsecretaría de Turismo, SERNATUR y los gobiernos regionales. Sin embargo, el principal problema no es la falta de acción, sino la forma en que se implementa. La fragmentación institucional, la débil coordinación territorial y la persistencia de incentivos que privilegian volumen por sobre impacto limitan el alcance real de estas iniciativas.
Con frecuencia, el discurso sobre turismo de calidad y experiencias avanzadas no se traduce en mejoras estructurales en productividad, empleo o gobernanza. Se promueve valor, pero sin fortalecer el capital humano; se exige sostenibilidad, pero sin instrumentos claros de financiamiento; y se incentiva el crecimiento sin una adecuada gestión de capacidad de carga. Esta brecha entre relato y ejecución termina afectando tanto a la competitividad del sector como a la calidad de vida en los territorios.
El desafío que enfrenta el turismo chileno es, por tanto, estratégico. No se trata de hacer menos turismo, sino de hacer mejor turismo: un turismo de mayor valor agregado, con mayor retorno social, menor fricción territorial y mayor legitimidad ciudadana. Esto exige liderazgo público, responsabilidad empresarial y una acción gremial que vaya más allá de la defensa coyuntural, avanzando hacia una gobernanza más madura y coordinada.
La inflación social en los destinos turísticos no es un daño colateral inevitable del crecimiento; es una señal de alerta. Ignorarla debilita al sector y compromete su proyección futura. El fin de la era low cost no debe entenderse como una pérdida de competitividad, sino como una oportunidad para corregir distorsiones y reposicionar al turismo chileno sobre bases más sólidas y sostenibles.
(Imagen generada con inteligencia artificial con fines ilustrativos.)